Los debates de hoy sobre nuestra
economía giran en torno a una enorme variedad de temas particulares y de
decisiones reales o posibles, y todos se pueden ver desde una perspectiva de
corto plazo (las consecuencias inmediatas y locales de cada decisión) o desde
una perspectiva a mediano plazo (hacia donde nos lleva la acumulación de
decisiones de uno u otro tipo).
No deberíamos caer en la trampa de que
decisiones aparentemente racionales para un problema concreto y en un lugar
concreto, nos desvíen de la ruta hacia el tipo de sociedad humana que queremos
construir en Cuba. Nuestros adversarios, y sus seguidores (por perversidad o
por ingenuidad) nos empujan precisamente
hacia esa trampa.
En la base de todo lo que discutimos
están, más visibles o menos, dos cuestiones esenciales: la propiedad y la distribución de la riqueza. Ahí está la brújula
para orientarnos en cada polémica.
La Constitución de la República de Cuba,
que aprobamos los cubanos en el año 2019 con más del 86% de votos positivos, dice en su Artículo 18: “En la República de Cuba rige
un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo
sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad
principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula
y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”. E insiste
en su Artículo 30 en que: “ La
concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es
regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa
redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con
los valores socialistas de equidad y justicia social”.
No estamos diciendo nada extraño. La
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emergió en 1789 de la
Revolución Francesa decía esto en su Artículo 1: Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en
la utilidad común.” Así,
una estratificación social que no responda al interés común es ilegítima desde
hace más de 200 años.
Pero el
capitalismo, algunos de cuyos personajes esgrimen fuera de contexto los
derechos humanos, ha incumplido colosalmente esa promesa. El siglo XIX
presenció un aumento sostenido de las desigualdades, incluyendo las guerras
coloniales y la esclavitud, y luego en el siglo XX, después de un breve intento
socialdemócrata de marchar en dirección de la justicia social, las doctrinas
neoliberales justificaron a partir de 1980, una nueva expansión de las
desigualdades.
En las
principales economías capitalistas, mientras que la fracción de los ingresos
que captura el 10% más rico de la población crece continuamente, el ingreso del
50% más pobre ha bajado, desde un 25% del ingreso en 1980 a un 15% en el momento actual, y cerca de un 10% en la
sociedad hiper-capitalista de los Estados Unidos. El 10% más rico recibe 19
veces más ingreso que el 50% “de abajo”, y la tendencia sigue. La parte de los
ingresos que recibe el 10% más rico de la población es 48% en los Estados
Unidos, 56% en Brasil, 64% en el Medio Oriente (datos de T. Piketty: Capital e
Ideología. Ediciones Seuil, Paris, 2019)
Más socialmente
peligroso aun es que la desigualdad económica se traslada hacia desigualdad
educativa. La probabilidad de ingreso de un joven norteamericano a la educación
superior crece linealmente con la riqueza económica de los padres.
La conclusión
es muy evidente: el capitalismo
automáticamente genera desigualdades sociales, arbitrarias e insostenibles.
Es la propiedad
social sobre los medios de producción, y el protagonismo del Estado en la
economía, la única garantía posible de
la redistribución justa y permanente de la riqueza, y de las capacidades de
inversión social. Necesitamos un sector estatal fuerte, y con esas capacidades.
¿Cómo lo
creamos y desarrollamos? En los años 60 el sector estatal de la economía creció
rápidamente mediante las nacionalizaciones revolucionarias de las empresas
capitalistas. El sector estatal de la economía no surge espontáneamente de la
operación de las fuerzas del mercado, ni de la racionalidad empresarial de
corto plazo. Hay que crearlo “revolucionariamente”.
Así lo hicimos en Cuba en los años
60s. También Méjico (1938) y Venezuela (1975) en su momento nacionalizaron el
petróleo, y Chile (1969), el cobre. También en Europa hubo una importante ola
de nacionalizaciones en la etapa 1950-1970, que creó un amplio sector público
en las economías. Luego la ideología
neoliberal a partir de la década de los 80s levantó las banderas de la
privatización de todo.
En Cuba
resistimos. Pero ahora tenemos que plantearnos con energía y sabiduría de qué
manera continuamos desarrollando nuestras empresas estatales.
Ya no tenemos
nada más que nacionalizar. Nuestro parque empresarial propiedad de todo el
pueblo tiene ahora que seguirse desarrollando mediante la creación de nuevas empresas estatales, y entre ellas,
especialmente las empresas de base tecnológica, es decir, aquellas que se
dedican al desarrollo y explotación comercial de innovaciones tecnológicas,
innovaciones que obviamente contienen incertidumbres.
Si aspirásemos
a una tasa de natalidad de nuevas empresas de un 10% (lo cual no es
extraordinario en países de economías técnicamente avanzadas) entonces, y dado
que tenemos algo más de 1700 empresas estatales, deberíamos estar creando algo
más de 170 empresas estatales nuevas cada año. No es una “meta”, y sería
superficial asumirla como tal, pero es un punto de referencia en la dinámica
empresarial.
Muchas de esas
empresas, especialmente aquellas de base tecnológica, serán empresas pequeñas,
pero también deben ser estatales, y muchas de ellas deberán emerger de
colectivos científicos y tecnológicos que hoy están en el sector presupuestado,
por ejemplo, en universidades y centros científicos.
Fue así precisamente
que surgieron en los 80s las que hoy son las empresas de la Biotecnología, y
también fueron pequeñas y medianas al inicio.
Pero es un
proceso que no surge de las lógicas económicas de corto plazo. Requiere
voluntad política, compromiso revolucionario y diseño estratégico. Y también el
coraje para asumir riesgos.
Hacer nacer un
sector empresarial de alta tecnología, dinámico por la creación de empresas
nuevas, y propiedad socialista de todo el pueblo, es una tarea hermosa y
retadora para los jóvenes científicos y tecnólogos de hoy, y para los jóvenes
empresarios del socialismo cubano. Como las nacionalizaciones de los 60s, es
algo que hay que hacer “revolucionariamente”.
Habrá
obstáculos, seguro que los habrá. De obstáculos en el camino habló Martí en su
ensayo “A la raíz” (1893) y dijo esto: “Y
a lo que estorbe, se le ase del cuello como a un gato culpable, y se le pone a
un lado”.
Agustín Lage Dávila
Centro de Inmunología Molecular
Coincidimos muchísimo. Veo en las Mipyme estatales un camino hacia la solución.
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